La retórica jurídica: el Derecho como construcción discursiva
Partamos o no del ámbito jurídico, todos hemos podido
advertir en algún momento que la ley no solo se aplica ni se limita a una
composición lógica de normas y principios. También se interpreta, se
comunica y, sobre todo, persuade.
Es aquí donde adquiere especial relevancia el análisis
retórico jurídico. No se trata únicamente de identificar los argumentos
legales empleados, sino de comprender el poder de las palabras, los silencios
estratégicos y los recursos persuasivos que subyacen en cada discurso jurídico.
Cada sentencia, cada alegato y cada reforma legislativa
constituyen, en esencia, ejercicios de construcción discursiva. Aprender
a leer entre líneas, identificar las metáforas, los marcos narrativos y los
recursos argumentativos permite comprender que el Derecho es también un
ecosistema de significados.
Desde esta perspectiva, la actividad jurídica no consiste
exclusivamente en aplicar e interpretar normas, sino también en comprender cómo
se construyen los relatos que sustentan las decisiones y cómo estos contribuyen
a legitimar determinadas posiciones jurídicas.
Con este planteamiento como punto de partida, abordé el
análisis retórico de la sentencia Perinçek c. Suiza, resuelta por la
Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2015. Una resolución
especialmente interesante para examinar cómo el Tribunal articula su
razonamiento en torno a la libertad de expresión, la memoria histórica y los
límites de la intervención penal.
El análisis se centra en los recursos argumentativos
empleados por el Tribunal, prestando especial atención a la construcción de su ethos,
los topoi que sostienen su razonamiento, la configuración del discurso y
la función del pathos en la fundamentación de la decisión.
La cuestión de fondo trasciende la resolución de un
conflicto concreto: ¿Hasta qué punto la aparente neutralidad del discurso
jurídico condiciona la manera en que se construyen, legitiman y protegen
determinados relatos?
Perinçek c. Suiza: breve análisis retórico-jurídico
Perinçek, político turco, fue condenado en Suiza en por
negar que los hechos de 1915 contra los armenios constituyeran un genocidio.
Estrasburgo anuló la condena en 2015.
El ethos del Tribunal: neutralidad y construcción de autoridad
El proceso decisorio comienza con la autodeclaración de
incompetencia del Tribunal para fijar una “verdad histórica”. Desplaza el
caso hacia la cuestión de legitimidad de la criminalización de su negación,
construyendo un ethos tecnocrático, pasando a analizar la condena penal
y su compatibilidad con el artículo 10 CEDH.
El Tribunal transforma el espacio público en un “mercado
de ideas” donde las narrativas compiten y se legitiman por su difusión.
Este ethos tecnocrático —supuestamente no valorativo— termina revelando
que su contención es selectiva cuando rechaza el amparo bajo la libertad de
expresión de la negación del Holocausto —caso Pastörs v. Alemania—.
Libertad de expresión y los límites del discurso negacionista
Respecto al discurso, el Tribunal sostiene que las
declaraciones de Perinçek carecían de “insultos, incitación o vínculos
explícitos con ideologías extremistas”. De esta premisa concluye que una
democracia —como Suiza— no debería sancionarlas penalmente. Esta visión parte
de un topos restrictivo: solo un riesgo “real y verificable” permite
la limitación del artículo 10 CEDH.
No obstante, los discursos de odio pueden adoptar formas
aparentemente razonables y aun así nutrir narrativas antidemocráticas. El TEDH
presupone que la libertad de expresión opera en un plano formal —el derecho a
decir de determinada manera— sin considerar plenamente el efecto estructurante
de lo dicho. Esta “neutralidad performativa” parece ignorar que las
opiniones se vierten con el ánimo de influir y moldear imaginarios, no solo por
el placer de ejercer un derecho.
El contexto como criterio para medir la peligrosidad del discurso
Otro topos decisivo es el del contexto. El
Tribunal subraya que las declaraciones se hicieron en conferencias y debates
políticos dirigidos a un “público no vulnerable” en un país —Suiza— “sin
tensiones étnicas significativas”. De ahí deduce que las palabras de Perinçek
carecían de capacidad para generar hostilidad.
Esta operación transforma el problema: ya no se trata de
proteger a una comunidad dañada, sino de valorar si el discurso produce efectos
disruptivos inmediatos. Aquí la libertad de expresión queda definida por el
impacto funcional del mensaje, no por su potencial para erosionar la memoria
histórica.
La conclusión no es neutra e introduce una contradicción.
Primero porque presupone que la peligrosidad del discurso depende del grado de
vulnerabilidad local del grupo afectado. Y, segundo, porque al tiempo en que el
Tribunal rehúsa pronunciarse sobre la historicidad del genocidio, sí se arroga
la autoridad para medir la susceptibilidad social de su negación, ignorando que
negar un genocidio es, en sí mismo, un acto político con resonancias
transnacionales, independientemente del clima local.
La proporcionalidad y la asimetría en la protección de la memoria histórica
El segundo eje es la proporcionalidad de la condena penal,
bisagra del logos judicial. Aun presentada como método técnico, en
realidad trabaja como mecanismo retórico que convierte opciones valorativas en
conclusiones aparentemente obligatorias.
Suiza no fue capaz de demostrar una “necesidad social
imperiosa”. Para el Tribunal, proteger la dignidad de la comunidad armenia
no bastaría para restringir un discurso político. Este enfoque refleja una
preferencia estructural por la “mínima intervención estatal” y la
“autorregulación del espacio discursivo”. La idea de que la democracia exige
tolerar expresiones ofensivas —principio Handyside— se articula aquí como regla
estructural, con una excepción notoria: la negación del Holocausto. Esta
asimetría revela que la racionalidad aplicada no es puramente formal, sino
funcional y selectiva.
El pathos judicial: reconocer el sufrimiento sin alterar la decisión
La sentencia cierra con la Gran Sala reconociendo “el
profundo dolor de la comunidad armenia”. Pero este reconocimiento cumple una
función expresiva, no decisoria. La empatía del TEDH se ofrece como gesto
institucional para mitigar la dureza de sus conclusiones —habitual del estilo
francés-cartesiano, silogista-deductivo característico del Tribunal para
persuadir a los Estados, como señala el Dr. García Blesa—, pero no altera la
ponderación final.
Paradójicamente no se cuestiona el sufrimiento del pueblo
armenio, pero el Tribunal no se pronuncia sobre la existencia de las causas que
lo provocan, y, en este choque, da preferencia al derecho a negarlas. El
pathos es compensación simbólica: reconoce el daño, pero lo neutraliza
retóricamente al desvincularlo de su decisión.
Conclusiones: la neutralidad del discurso jurídico y la protección de la memoria histórica
En conclusión, la racionalidad de Tribunal se aproxima a
la lógica del mercado autorregulado: el Estado interviene solo ante riesgos
evidentes y verificables, las ideas compiten por su difusión, y la dignidad
colectiva queda subordinada a la capacidad de un relato para
institucionalizarse. Así, la protección penal del Holocausto —y no de otros
genocidios— no deriva de su gravedad moral intrínseca, sino de la fortaleza
institucional, jurídica y geopolítica acaudalada.
La consecuencia es significativa: al privilegiar
aquellas memorias ya consolidadas, el Tribunal desplaza al Estado de su papel
como garante de Derechos Humanos y convierte la protección histórica en una
cuestión de fuerza institucional más que de justicia o reparación.
| Nota sobre la publicación: Este trabajo fue elaborado en el marco de un seminario de movilidad internacional correspondiente a mis estudios de doctorado. Se publica en este espacio como parte de mi recopilación de trabajos, reflexiones y aportaciones académicas.
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